El presidente de la Legislatura de Jujuy, Carlos Haquim, aprobó los pedidos de licencias en el marco de la primera sesión especial del año, según se informó.

“Se aceptó por ley la licencia del gobernador y también la de los diputados electos como convencionales, tal cual lo determina la Constitución de la provincia por el tema de la incompatibilidad para ser constituyente y la ley 6.302”, confirmó el diputado oficialista Alberto Bernis tras concluir la breve sesión.

Agregó que “el paso siguiente se dará el lunes, cuando se conformarán las autoridades de la Convención".

"Cada bloque nominará su presidente y se designarán comisiones”, completó Bernis, electo vicegobernador en las elecciones del 7 de mayo pasado.

Los comicios del pasado domingo 7 de mayo, además de elegir a las autoridades que conducirán la provincia, dieron luz verde a la conformación de la Convención Constituyente, de 48 integrantes, para la reforma parcial de la carta magna provincial.

El vicegobernador jujeño y presidente de la Legislatura de Jujuy ya convocó, a través de la Resolución 471, a la Convención Constituyente a sesión preparatoria para el próximo lunes 22 de mayo a las 9.

Entre los diputados que entraron en licencia se encuentran Gabriela Burgos, Luciano Angelini, Gisel Bravo, Victoria Luna Murillo, Marta Russo Arriola, Alejandra Elías y Omar Gutiérrez, todos del bloque de la Unión Cívica Radical y quienes integraron la lista que encabezó Gerardo Morales de candidatos a convencionales constituyentes por la alianza Frente Cambia Jujuy.

La iniciativa para la reforma de la Carta Magna provincial tomó estado parlamentario y fue aprobada en septiembre del año pasado, luego de solo dos semanas de tratarse en el ámbito de la Legislatura local, por dónde pasaron distintos sectores para expresar su aprobación o rechazo al proyecto impulsado por el gobernador Morales.

La reforma incluye algunas iniciativas que generaron un alto nivel de rechazo, como avanzar en restricciones a las protestas sociales.

Entre los diversos aspectos que hacen a la reforma, diversas organizaciones sociales apuntan al que busca "institucionalizar la paz social", con la prohibición de cortes de ruta y de las usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada.

También rechazan "la habilitación de la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social"; entre otras restricciones para las protestas sociales.

Precisamente este tema fue uno de los más cuestionados por múltiples organizaciones sociales, sindicales y políticas.