Distintas organizaciones salteñas protectoras de los derechos de las niñas, niños y adolescentes pidieron este martes nuevamente que se deje sin efecto el tratamiento del proyecto de ley a través del cual se pretende crear en Salta un Registro de Obstructores de Lazos Familiares, por considerar que se trata de una norma antiderechos.

"Desde hace varios meses que venimos con esta lucha", dijo a Télam, Yanela Barrios, de la organización Madres Protectoras, quien consideró que se trata de "una ley antiderechos", que no contempla los derechos de los niños y "estigmatiza a la mujer, que en general son las que quedan al cuidado de los niños, sobre todo en contexto de violencia y abuso".

Se trata del proyecto de creación del Registro de Obstructores de Lazos Familiares presentado por el senador provincial por el departamento Salta Capital, Emiliano Durand, que fue aprobado en noviembre pasado en la cámara alta salteña, y que en marzo volvió en revisión, de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que se sostiene con la teoría del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), le da atribuciones y obligaciones al Poder Judicial, como autoridad de aplicación, para la inscripción de los obstructores de lazos familiares, a quienes se los inhabilita para desempeñar cargos públicos y electivos, ser contratista o proveedor del estado, y acceder a viviendas sociales, entre otras limitaciones.

"Pedimos desde varias organizaciones una audiencia para llegar a un diálogo justamente con gente que trabaja en territorio y sabe de la problemática de fondo", expresó Barrios, quien contó que ya se presentaron varios documentos ante la Cámara de Senadores de la provincia.

Luego, detalló que "extraoficialmente" se les comunicó que este proyecto se tratará después de las elecciones provinciales del 14 de mayo próximo.

"En Salta venimos atravesando situaciones gravísimas sobre el abuso sexual en las infancias y la violencia intrafamiliar y de género, y que estas leyes salgan así, como si nada, es terrible"

Yanela Barrios insistió que la norma "no tiene perspectiva de género", es "revictimizante, estigmatizadora, violenta y nos obliga a ponernos en una posición en la que no se puede denunciar ni buscar nuestros derechos y los de nuestros hijos".

"Vinimos planteando el repudio, pero ahora ya venimos por una respuesta del Poder Legislativo. No se puede aprobar esta ley, y mucho menos emplearla", declaró, y citó que, en otras provincias, como en Tucumán, "se la archivó" en 2021.

Asimismo, señaló que la norma que se pretende sancionar "podría acarrear gravísimas sanciones al estado provincial, desde organismos internacionales de derechos humanos".

Por su parte, el abogado Álvaro Arias Camacho, del centro comunitario Alfa, que al igual que Madres Protectoras forma parte de la Red de Organizaciones de la Niñez y Adolescencia Territoriales (Ronat), manifestó que "estamos ante una gran preocupación, por la media sanción que tiene este proyecto".