La matanza de 19 niños y dos profesoras en una escuela primaria del sureño Texas reavivó esta semana el debate sobre el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos, un derecho protegido por la Constitución que divide a la sociedad norteamericana desde hace años.

Este tiroteo escolar, el más mortífero en casi una década, volvió a exponer la problemática de la violencia armada apenas diez días después de otro tiroteo masivo en el estado de Nueva York y renovó los reclamos de mayores restricciones en un país donde estos ataques aumentaron más del 50% el año pasado, según el FBI.

"La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es simplemente incorrecta. En el nombre de Dios, ¿para qué necesitas un arma de asalto excepto para matar a alguien?", reaccionó el presidente estadounidense, Joe Biden.

"¿Por qué seguimos dejando que esto suceda?¿Dónde está nuestra fuerza para tener el coraje de hacernos cargo y enfrentar a los lobbies? Es hora de convertir este dolor en acción", exhortó.

El líder demócrata lleva más de un año instando al Congreso a impulsar una legislación que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y mejore el deficiente sistema de verificación de antecedentes para los compradores.

Pero la oposición rechaza estas restricciones y las bloquea en el Senado, donde la limitada mayoría oficialista es insuficiente para sacarlas adelante.

"Estas personas van a cometer estos horribles crímenes aunque tengan que usar otro arma para hacerlo", dijo a periodistas el senador republicano Marco Rubio tras la tragedia.

Esta idea es compartida por varios de sus correligionarios, como el líder de la bancada republicana en la cámara alta, Mitch McConnell, o el gobernador de Texas, Greg Abbott, quienes consideraron estas medidas ineficaces para detener el accionar de un "loco" solitario.

El argumento de la salud mental del atacante fue también utilizado por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), ferviente defensora de la tenencia de armas, que adjudicó la matanza a un "criminal solitario y trastornado".

Tanto la NRA como los republicanos abogan por armar a los maestros o poner agentes armados en las escuelas para evitar estos ataques, en lugar de limitar los "derechos constitucionales de ciudadanos respetuosos de la ley".

"Sabemos por experiencias pasadas que la herramienta más efectiva para mantener seguros a los niños es la aplicación de la ley armada en el campus", señaló el legislador republicano Ted Cruz.

Sin embargo, esta polémica medida -aplicada por decenas de colegios en Texas desde su aprobación estatal en 2013- no funcionó en la escuela primaria de Uvalde, donde ocurrió la matanza de esta semana.

Según un documento revelado por la cadena CNN, el distrito escolar local tenía un plan de seguridad que incluía su propia fuerza policial, monitoreo de redes sociales y un sistema de informes de amenazas para "brindar un entorno seguro" para los estudiantes.

En concreto, la comunidad contrató a cuatro policías -un jefe, un detective y dos agentes- y contaba también con personal de seguridad adicional "que patrulla las entradas de las puertas, los estacionamientos y los perímetros de los campus".

Aunque en un principio las autoridades dijeron que uno de estos agentes había intentado impedir la entrada del tirador al establecimiento, la información fue posteriormente desmentida y sólo habría pasado a su lado en un patrullero sin verlo.

Con el avance de la investigación, el jefe de la brigada escolar fue incluso responsabilizado por demorar la respuesta policial, lo que pone en duda la eficacia de estas iniciativas en un país donde a los 18 años puede comprarse legalmente un arma larga, pero no cigarrillos o alcohol.

La Segunda Enmienda de la Constitución garantiza desde finales del siglo XVIII "el derecho del Pueblo a tener y portar armas", ratificado como inalienable por la Corte Suprema en un fallo de 2008.

Sus críticos, en cambio, argumentan que amenaza a otro más importante: el derecho a la vida.

"Este tipo de tiroteos masivos rara vez ocurren en otras partes del mundo (...) Tienen problemas de salud mental, disputas domésticas, personas que están perdidas, pero este tipo de tiroteos masivos no ocurren con la frecuencia que ocurren en Estados Unidos", resaltó Biden el día de la tragedia.

El país es el único en el mundo donde hay más armas que habitantes, con un promedio de 120 cada 100 personas, según el proyecto de investigación suizo Small Arms Survey.

De hecho, representa el 4,4% de la población global, pero posee el 42% de las armas existentes.

La particularidad de estas cifras también se ve reflejada en los datos sobre violencia armada: Estados Unidos tiene la tasa de muerte por armas de fuego más elevada de los países desarrollados per cápita -18 veces mayor a la media- y es la única nación de este grupo que tuvo tiroteos masivos cada año durante las últimas dos décadas, en base a un estudio de la Universidad William Paterson.

Sólo en 2022 ya se registraron 213 tiroteos masivos, de acuerdo a la ONG Gun Violence Archive.

La regularidad con la que se producen este tipo de ataques ha impactado en el respaldo de la sociedad norteamericana a la imposición de controles más estrictos a la venta de armas.

Según un sondeo difundido esta semana por el portal Politico, un 65% de los estadounidenses se dijo partidario de mayores restricciones, lo que supuso un incremento de cinco puntos porcentuales en apenas diez días.

La creciente presión social provocó asimismo la ausencia del gobernador de Texas en la convención anual de la NRA, celebrada este fin de semana en Houston, a la que mandó un video pregrabado, y la de los artistas de música country Don McAlean, Larry Gatlin y Larry Stewart.

La posibilidad de aprobar una legislación sobre el control de armas se definirá la próxima semana en el Senado, luego que el líder del bloque demócrata, Chuck Schumer, decidiera posponer el voto de una iniciativa refrendada ya por la cámara baja para dar tiempo a negociar un acuerdo con la oposición.

En un gesto inesperado, el jefe de la bancada republicana en la cámara alta manifestó su apoyo a los esfuerzos de un grupo bipartidista de ocho senadores que se reunió esta semana para discutir un compromiso al respecto.

“Me mantendré en contacto con ellos y tengo la esperanza de que podamos obtener un resultado que realmente pueda aprobarse y convertirse en ley, en lugar de solo sumar puntos”, dijo McConnell a la prensa.

No obstante, los especialistas se mostraron escépticos.

"Hay un crecimiento de las preocupaciones (...) pero me parece muy difícil que eso se traduzca en un acuerdo bipartidista. El Partido Republicano también responde a sus votantes y no creo que ceda", dijo a Télam Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella.