POLÍTICA

#MEGACAUSA “DE LA CORRUPCCIÓN”

Semana negra para Chuli Jorge

Tres ex funcionarios municipales testimoniaron ante el juez Isidoro Cruz que el intendente Chuli Jorge controlaba los pagos y sabía de las obras que se hacían con los fondos que enviaba el gobierno de Cristina. Además, firmaba los cheques. Sin embargo, ni juez ni fiscales parecen tomar nota del asunto.

Semana negra para Chuli Jorge

La testimonial del arquitecto Javier Bustos, ex Coordinador General de Obras Públicas del municipio capitalino, complicaron la defensa del actual intendente Raúl Chuli Jorge en el marco de la Megacausa, en la que se investiga el desvío de fondos destinados a la construcción de Viviendas.

Bustos fue propuesto por la defensa de Jorge para que explique la metodología utilizada para la construcción de vivienda entre el municipio y las cooperativas de viviendas que respondían a la Tupac Amaru.

Para no comprometerse o quedar pegado a la causa, al parecer, el ex funcionario comunal relató al Juez de Control Isidoro Cruz todo lo relacionado a esta operatoria de viviendas, dejando comprometido seriamente a Jorge y consiguientemente a otros jefes comunales del interior que usaban la misma metodología para la construcción de viviendas con las Cooperativas de la Tupac.

Recordemos que en esta causa, tanto Chuli Jorge como el ex intendente de San Pedro, Julio Moisés, habían afirmado que recibían muchas presiones por parte de la Tupac para firmar los certificados que correspondían a cada obra, para obtener los pagos que recibían de Nación.

Bustos, en ningún momento habría hecho afirmación en tal sentido, al contrario, detalló una situación normal donde se tramitaban los convenios entre el municipio, Nación y las Cooperativas, confirmando, de cierta alguna, los dichos del ex presidente del IVUJ, Lucio Abregú, quien en esta causa y en este medio de comunicación, dio detalles de la operatoria y de los certificados que firmaba el intendente Jorge.

Precisamente, por esa denuncia pública, se citó en la semana a Abregú para que realice la ampliación de indagatoria. El miércoles se presentó ante el juez Isidoro Cruz pero se negó a declarar debido a que no le hicieron conocer las testimoniales de Toconás y otros elementos nuevos que podrían haberse agregado a la causa.

Más arbitrariedades

A la salida de Tribunales, Abregú denunció las arbitrariedades del juez Cruz, que nuevamente lo citó a declarar sin causa alguna, según sus palabras. “Esta es una nueva arbitrariedad de parte del Juzgado, que ya vienen siendo varias. No nos olvidemos que esto se puso en público conocimiento cuando se ordenó la detención de ex funcionarios de la provincia, dejando a funcionarios municipales y aquellos que hoy integran el gobierno provincial. Esa arbitrariedad, no solo significó la detención de las personas, entre las cuales me incluyo. El juez tenía la obligación de citarnos a declarar en el plazo de 24 horas, sin embargo, nos tuvo siete días detenidos, hasta que nos citó a declarar. Eso significa un agravio a las personas y atenta contra el principio o presunción de inocencia. Hoy nos encontramos que arbitrariamente nos cita a una ampliación de indagatoria, que es una facultad y un derecho de la defensa. Uno no puede ser obligado a declarar en contra de su voluntad. Mucho menos puede ser convocado obligatoriamente por un capricho, que se produce por el pedido del Fiscal. Que no debió ser otorgado por el Juez, porque es un derecho a la defensa, y seré quien disponga oportunamente el momento en que se procederá a la indagatoria, en la medida que me permitan los elementos para la defensa”, argumentó Abregú.

El ex funcionario descartó las versiones de que se haya negado a responder preguntas del juez y los fiscales sobre lo que declaró a los medios. “Si el fiscal hace ese tipo de apreciación, me parece muy pobre de su parte, porque si entiende que hay indicios en la prensa, en algún lugar que pueda significar la presunción de que alguien está involucrado en un delito, él es el indicado para llevar adelante la investigación, no yo. El pretexto ese no tiene sentido”.

En la causa, reveló Abregú, se agregaron testimoniales muy importantes que no se la dieron a conocer, motivo por el cual se negó a declarar. “Si yo no tenía información respecto a lo que venía sucediendo en el expediente, de qué manera me iba a expresar en este acto de declaración de indagatoria que no solicité”.

Entre esas testimoniales, citó las del arquitecto Bustos, y del Dr. Read. “Son muy importantes y esclarecedoras de lo que sucedía en la Municipalidad de la Capital”, destacó Abregú.

Busto habría reconocido que las cooperativas les acercaban a la Municipalidad documentación consistente en actas de inicio de obras, certificados de finalización de obras que los cooperativistas le entregan esa documentación al Secretario de Gobierno, Carlos Toconas; que éste presentaba ante el Intendente la mayoría de las veces y le hacía firmar esa documentación. Entonces, el juez le pregunta, ¿y el resto de las veces?: “las otras veces las recibía yo la documentación, Carlos Toconas se las entregaba a Bustos y este se llevaba al Intendente”.

Volvió a recalcar, que “todo nacía en la Municipalidad, porque eran ellos los encargados, y procedían a la firma de la documentación”.

Busto también declaró que Toconás era el intermediario entre las cooperativas de la Tupac Amaru y la Municipalidad. “¿Entonces a quién hay que investigar, a Lucio Abregú, a Cosentini, a Fellner, porque éramos funcionarios del gobierno anterior, o hay que focalizar la investigación a donde precisamente le indicó uno de los testigos propuestos por el propio intendente Jorge? No lo propuse yo, lo dice el testigo”.

Por su parte, el Dr. Read, estuvo como procurador de la Municipalidad desde el año 2013 hasta los primeros meses del 2016. En ese periodo, sus funciones eran la de defensa del patrimonio municipal, procurar la legalidad y legitimidad de los actos de la administración e intervenir obligatoriamente dictaminando u oponiéndose a las contrataciones directas que realizaba la municipalidad. “Todo el proceso que se está investigando consistió en contrataciones directas de la Municipalidad con las cooperativas de la Tupac Amaru. Entonces, ¿cuál fue la función que realizó el Dr. Pablo Read, los dos últimos años que se investiga? ¿Es dudosa o inexistente?”

El actual secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Toconás podría ser citado en los próximos días para que preste declaración testimonial en esta causa y de confirmar los dichos de Bustos y Read, se complicaría la situación de Jorge.

“Uno no puede ser obligado a declarar en contra de su voluntad. Mucho menos puede ser convocado obligatoriamente por un capricho, que se produce por el pedido del Fiscal…”(de Lucio Abregú, denuncia arbitrariedad de la Justicia)

“La Municipalidad recibía los certificados de finalización de obras de las cooperativas y se los hacía firmar al intendente capitalino Raúl “Chuli” Jorge, documento con el cual se avalaba los pagos a las cooperativas”.(de Carlos Toconás, ex secretario de Gobierno municipal)

EL arquitecto Javier Bustos, ex Coordinador General de Obras Pública, no habló de situación de anormalidad en el control y entrega de cheques a las cooperativas.

El Ministerio Público no puede sancionar a Cussell

El titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, fue limitado en sus funciones por la presentación de una “medida cautelar”, realizada por el ex gobernador Eduardo Fellner, en el marco de la “Megacausa”.

La medida apunta directamente a “poner en foco el orden constitucional de la provincia”, según se considera en el escrito elevado al Superior Tribunal de Justicia, considerándose que "se verificó un caso de grave afectación de las instituciones y del sistema constitucional", es decir que hay un manifiesto inconstitucional del proceder del Ministerio Público de la Acusación.

Por tal motivo, el máximo órgano judicial de la provincia, suspendió “las acciones y procesos disciplinarios” que el fiscal Lello Sánchez puede tomar con respecto al pedido de enjuiciamiento del fiscal penal Diego Cussel, que se encuentran comprendidas dentro de las competencias otorgadas por el Ministerio Público de la Acusación.

De esta manera, se intenta que Sánchez no avance en el control de la conducta de Cussel, "ya que podría frustrar la participación de la Justicia, que según la Constitución, es el verdadero y único órgano con competencia y autoridad para realizar esa especial y específica función", explicaron.

La Resolución del S.T.J. indica que “el Ministerio Público de la Acusación debe abstenerse de adoptar medidas de naturaleza disciplinaria contra el fiscal Diego Cussel, y participar a través de cualquier de sus órganos e integrantes en la valoración de la conducta del mencionado fiscal y en cualquier instancia referida al trámite de ‘remoción’ de los fiscales penales de investigación”.